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Al término de largos meses de debates y procedimientos a propósito de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), hubiéramos podido esperar que el Congreso procediera a una votación límpida que no dejara lugar a dudas sobre votos y motivaciones. Pero no. La votación de Inés Tello se consiguió por el número mínimo de votos, 67. Sin embargo, entre ellos figura el del congresista José Luna Gálvez, quien es miembro de la Comisión Permanente.
Es cierto que no sería la primera vez que se infrinja una norma expresa que prohíbe el voto en el Pleno a los miembros de la Comisión Permanente. Pero la norma es tan clara que el presidente del Congreso convocó a votar a los congresistas que no fueran miembros de dicha Comisión, que en este proceso actúa como primera instancia frente al informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Por eso, no deja de sorprender que quienes han promovido inhabilitaciones de diez años por una interpretación de lo que la constitución dice sobre la edad máxima para ejercer un cargo, se permitan esa ligereza frente a un artículo de su propio reglamento. También sorprende que la inhabilitación de Aldo Vásquez se haya conseguido gracias a una reconsideración.
Lo que quiere decir que menos de una hora después de la votación que no llegó al mínimo de 67 para inhabilitar a Vásquez, algunos congresistas hayan cambiado su voto. El resultado no mejorará la mala imagen que una gran mayoría de la población tiene del Congreso. Y reforzará la sensación de que todo el procedimiento, so pretexto de tecnicismos interpretativos, se ha visto teñido por hostilidades políticas y, peor aún, por intereses subalternos. Nuestro país merece algo mejor que el envilecimiento de la política y del discurso jurídico.
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