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Como si no faltaran motivos para temer que se profundice el proceso de erosión de nuestras instituciones, el defensor del Pueblo no ha vacilado en plantear modificaciones a la Ley Orgánica de la Defensoría, destinadas a personalizar y prolongar sus propios poderes. Afirmando que halló una Defensoría con adjuntos nombrados como funcionarios de confianza, no tiene mejor idea que proponer que se suprima el concurso público previsto por la ley para reemplazarlo por nombramientos hechos a dedo.
De la misma manera, pretende que se inscriba en la ley lo que ya existe: la permanencia del defensor mientras el Congreso no haya elegido a su sucesor. Con propuestas de este tipo, Josué Gutiérrez no hace sino confirmar toda la desconfianza que generó su nombramiento. En primer lugar, porque en vez de concurso, lo que hubo en su caso fue un acuerdo político de las bancadas que han venido ejerciendo el poder en el Congreso.
La Ley Orgánica define claramente que el defensor debe ser una persona caracterizada por su integridad y su independencia. Objeto de múltiples cuestionamientos, la integridad de Gutiérrez no es reconocida sino por sus socios de ocasión. Respecto de su independencia política, después de haber sido congresista del Partido Nacionalista, Gutiérrez entró a Perú Libre, al que renunció cuando se acercaba la fecha de su designación como defensor.
Pero aún, el defensor propone que se designe a dedo al secretario técnico de la Comisión encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Nuestro país necesita más que nunca un defensor que se halle por encima de toda duda y que actúe sin sentir el deber de devolver el favor de su nombramiento. Su tarea es defender los derechos de los ciudadanos ante los abusos del Estado. Precisamente por eso, resulta chocante que el defensor proponga una ley que lo beneficia a sí mismo. Y a quienes lo nombraron.
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