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El Pleno del Congreso debatirá hoy el informe de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Al término de un proceso que la denunciante, Patricia Chirinos, quiso sumario, el informe concluye que los siete miembros han incurrido en tres faltas graves: una relativa al límite de edad para permanecer en la Junta, otra la difusión de un comunicado exhortando a la prudencia en el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos y una tercera por no presentar a tiempo al Congreso los informes anuales sobre sus actividades.
Los denunciados han exigido un debido proceso, que debe comenzar con la tipificación de las supuestas faltas graves, así como la definición del procedimiento. Por ejemplo, ¿se les va a reconocer el derecho a defenderse ante el Pleno antes de que los congresistas procedan a votar? ¿Por qué si las faltas son manifiestamente graves el Congreso ha tomado más de dos años antes de aprestarse a sancionarlas?
No se trata de una institución pública cualquiera, puesto que su tarea es nombrar y sancionar a los jueces y fiscales, así como a las autoridades electorales. La decisión está en las manos de un número considerable de congresistas que son, ellos mismos, objeto de procesos judiciales. O peor aún, que pertenecen a partidos cuyos dirigentes se hallan procesados, incluso en el caso de Perú Libre, condenado y prófugo.
Desde ya César Acuña, líder de APP, ha anunciado que los once miembros de la bancada de su partido votarán contra la sanción. En ese caso, difícilmente se conseguirán los 87 votos necesarios. Cualquiera sea el resultado del voto, lo que está en juego es la autonomía de las instituciones, es decir la piedra angular de nuestra democracia.
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