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Si hay un aspecto de la vida pública en el que no deberían primar los sesgos ni los intereses particulares, es, sin duda, el de la seguridad ciudadana. Ningún otro desafío requiere más de la unidad del país, la convergencia de las instituciones, la confianza de la sociedad en el Estado. La razón es simple, lo que está en juego es la vida misma de las personas y su derecho a vivirla en paz, a desplazarse, a trabajar y a educar a sus hijos.
Esas exigencias fundamentales se ven diariamente negadas en el Perú. En el distrito de El Agustino, por ejemplo, la autoridad municipal ha cerrado colegios porque no contaba con agentes policiales para garantizar la entrada y salida de los alumnos. Y en otras localidades, barrios enteros, incluso distritos, se hallan secuestrados por extorsionadores que imponen el terror para cobrar cupos y evitar toda forma de rebeldía contra su autoridad usurpada.
El mayor ejemplo del desprecio al malestar de la población se expresa en el tuit del prófugo exministro Juan Silva, quien parece complacerse con los problemas que padecemos para poder fustigar el Gobierno de Dina Boluarte. Los planes se han multiplicado, pero no los dirigentes capaces de ejercer un liderazgo real en la Policía y en el ministerio del Interior. Quizás avancemos si nos ponemos de acuerdo sobre cuatro criterios simples:
1) La base de la lucha contra la delincuencia reposa en la solidez de los valores a los que adherimos. Su negación más frecuente es la corrupción y la impunidad.
2) No se trata de capturar delincuentes en las calles, sino de identificar a los jefes y desmantelar las bandas organizadas. Para eso se necesita reforzar los mecanismos de Inteligencia.
3) La solución no consiste en modificar el Código Procesal Penal. No es un asunto de leyes sino de gestión.
4) Para disponer de más efectivos policiales hay que cambiar el régimen laboral conocido como 24x24.
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