Medida cautelar y desacato a la Justicia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]
Cuando se hubiera podido esperar prudencia, el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha rechazado la decisión judicial y responsabiliza a la Sala Constitucional “de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones”.
La Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha concedido una medida cautelar en beneficio de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los jueces tenían que pronunciarse sobre la exigencia de que se garantice a la Junta el debido proceso, es decir que se cumplan dos condiciones: que exista una tipificación del concepto de falta grave y un procedimiento preestablecido para removerlos. No pudiendo pronunciarse sobre el fondo, la Justicia actúa cautelarmente para evitar que se pueda cometer un agravio a las garantías constitucionales del debido proceso. En un país con instituciones erosionadas y con bajísimo nivel de confianza en las autoridades, se hubiera podido esperar que el Congreso diera el ejemplo de respeto a la institución judicial. ¿Cómo si no exigir a todos los justiciables que acaten las decisiones de los jueces, por mucho que puedan estar en desacuerdo con ellas? Basta recordar la fuga de un ministro de Pedro Castillo y la de Vladimir Cerrón para imaginar lo que pasaría si cada justiciable pudiese por sí y ante sí decidir que los jueces han actuado de una manera prevaricadora. Cuando se hubiera podido esperar prudencia, el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha rechazado la decisión judicial y responsabiliza a la Sala Constitucional “de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones”. El señor Soto invoca una sentencia del Tribunal Constitucional que establece “la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso”. Soto parece creer que existen en el Estado peruano instituciones ajenas al control judicial. Y desconoce que lo que está en juego es la vigencia o no del derecho fundamental al debido proceso, en el Congreso como en todas las instituciones capaces de juzgar y sancionar. Si los jueces se equivocaron, está abierto el camino de la apelación y el recurso al Tribunal Constitucional. Nuestro país vive una situación económica grave y una crisis en la política de seguridad ciudadana. Todas las autoridades deberían colaborar para hallar una salida razonable a sus discrepancias y evitar que los ciudadanos añadan a sus males la querella permanente y el desgobierno.
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