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El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha formulado anoche un pronunciamiento en el que advierte sobre el grave riesgo que supondría destituir a todos los fiscales supremos y reorganizar el Ministerio Público de acuerdo con la visión de la mayoría parlamentaria.
El fiscal Villena se refería a una iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Esa iniciativa se produce días antes de que la Comisión Permanente deba tomar posición frente a la denuncia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que pretende destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
La iniciativa de Montoya es tanto más cuestionable que las sucesivas declaraciones del exasesor Jaime Villanueva han venido dando luz sobre la manera en que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides procedía para asegurarse el respaldo del Congreso en temas como la inhabilitación de Zoraida Avalos, el nombramiento del defensor del Pueblo, la remoción de fiscales y la destitución de la Junta.
Pero la historia antigua y reciente de nuestro país evidencia que cuando los políticos usan su poder para reformar de manera expeditiva el sistema judicial, desaparece la independencia de la Justicia.
El jurista Natale Amprimo ha recordado que durante el siglo XIX se han producido tres intentos de “vendernos” la ilusión del cambio, cuatro en el siglo XX y uno en el 2018. No solamente organizaciones multilaterales como la OEA, sino también publicaciones de rigor reconocido como The Economist califican de manera negativa el estado de nuestra democracia.
Y una de las principales razones es precisamente el sometimiento del sistema judicial a intereses políticos. La circunstancia actual es particularmente grave ante el avance lento, pero avance, de importantes juicios a actores de la corrupción en el Estado y la vida política. El Perú necesita un esfuerzo para adoptar reformas prudentes y evitar que bajo la promesa de grandes cambios lo que avance, una vez más, sea la impunidad.
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